El fiscal del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa solicitó investigar a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, que declararon como testigos presentados por la defensa de los rugbiers.
El fiscal del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en la exposición de los alegatos que se realizan durante la jornada de hoy, miércoles 25 de enero, solicitó que se investigue a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, que declararon como testigos de la defensa de los 8 rugbiers acusados del crimen, tras la golpiza propinada contra el joven de 18 años, a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell.
En una parte de los alegatos, antes del cuarto intermedio, el fiscal hizo mención a los testigos presentados por la defensa de los rugbiers, que está bajo el abogado Hugo Tomei: “Voy a referir a Pedro Guarino y a Tomás Colazo. Ellos mismos se ubicaron al exhibirlos en los videos”, comenzó a señalar Juan Manuel Dávila. “Atrás del auto, parados, apoyados en la pared, a dónde, a dos o tres metros de ellos, se estaba produciendo el ataque”, sostuvo el funcionario.Play Video
“Inmutados quedaron. No se acordaron de nada. Por lo tanto, no tengo dudas de que estas personas, por una omisión, mintieron”, sentenció Dávila. “Por lo que se va a solicitar, en este acto, que se forme causa por separado por el delito de falso testimonio”, manifestó el fiscal, que anunció la elevación de la acción judicial contra Guarino y Colazo, que se presentaron como testigos por parte de la defensa de los rugbiers.
Qué pasa si Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo mintieron en su declaración en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa
Cabe recordar que, al ser presentados ante el Tribunal de Dolores, en dónde se lleva adelante el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en calidad de testigos, se ven en la obligación de decir la verdad, es decir, que no pueden mentir ni omitir información, como sí está habilitado para el caso de los acusados. Es importante destacar que, de probarse que cayeron en el delito de “falso testimonio” pueden llegar a ser condenados con “uno a diez años de reclusión o prisión”, según el código Penal argentino.
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